Por más que releo el artículo 27 de la Constitución no encuentro en él nada que indique que el Estado deba costear económicamente los caprichos de las minorías sectarias y raras que pretendan organizar centros escolares según sus manías.
El Estado ha de garantizar la gratuidad de enseñanza o sanidad, pero ello no significa que haya que pagar implantes de silicona o alargamientos de pene en los hospitales de la Seguridad Social o concertar con centros privados que los hagan. Tampoco subvencionar hospitales sólo para mujeres o para hombres, ni para gitanos o payos.
Lo que ocurre es que hay gente con mucho morro que pretende que los pobres paguen con sus impuestos sus caprichos elitistas y con lo que se ahorran ir a Londres de tiendas en primavera.
1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.
6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.
7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la Ley establezca.
8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las Leyes.
9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca.
10. Se reconoce la autonomía de las Universidades en los términos que la Ley establezca.
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